El pasado 12 de enero del presente año el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una resolución con nuevos lineamientos para abortar en Colombia, entre los cuales se presenta la posibilidad de que mujeres menores de 14 años puedan acudir a centros de salud para abortar sin el consentimiento de los padres y que el procedimiento médico confidencial debe respetar la intimidad de los pacientes y se lleve a cabo sin ningún tipo de barrera y reduciendo al mínimo de horas.
De acuerdo con lo anterior, si bien se sabe que el aborto es un peligro indudable para la vida de las mujeres en nivel físico, mental y espiritual es increíble que un ministerio el cual esta bajo el programa de gobierno de “Colombia potencial mundial de la vida” emita la aprobación de acabar con la vida de bebes a niñas sin aprobación de sus padres, los cuales son sus representantes legales y es un derecho de niños y niñas de ser tutelados por sus progenitores.
Adicional a la incoherencia y la gravedad de la aprobación del aborto hasta la semana 24, a la discusión se suma que la acción administrativa emitida como resolución es irregular en términos jurídicos ya que, un ministerio sólo puede reglamentar leyes; en este caso la no penalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia solo está emitida por la sentencia C-055-22.
Para reflexionar, este tipo de situaciones es un llamado constante de atención a la familia y a los representantes políticos que promuevan la libertad y la vida. La interrupción voluntaria del embarazo como le buscan llamar, solamente es un sinónimo de asesinato a vidas que no corresponde con los principios bíblicos ni aun con la Constitución de Colombia en el cual se fundamenta el derecho a la vida (articulo 11). Es necesario seguir defendiendo la voz de cientos de niños que mueren a causa de decisiones tomadas desde el miedo, el rencor, irresponsabilidad y en el reconocimiento de las consecuencias contraproducentes que genera en la vida de las mujeres, no se debería promover lineamientos para permitir niñas de 14 años solas, tomen ese tipo de decisiones que atentan contra su propia vida. El Estado debe defender la vida y la familia establecer vínculos seguros y principios que arraiguen a las generaciones por el respeto a la vida.
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