Para muchos, el nuevo Ministerio de la Igualdad no es más que una manera de entretener a la vicepresidenta, de aumentar el gasto público y posiblemente, de propiciar más corrupción. Pero hay otras razones por las que considero que este ministerio es innecesario y sus funciones ambiguas.
Ya desde 1991, se ampara en la Constitución Política de Colombia la igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres. Además, se hace claridad sobre las poblaciones vulnerables que requieren atención especial cuando se habla de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales: los niños, adolescentes, adultos mayores, personas en condición de indigencia, y personas con discapacidad. Por lo que no debería ser necesario crear un ministerio más que segmenta a la población en grupos de vulnerabilidad según su género, lugar de origen o identidad sexual. De hecho, podemos decir que eso va en contra de la búsqueda de igualdad.
Luego de hacer tal clasificación de personas, el Ministerio de la Igualdad intentará balancear las condiciones de cada grupo para lograr una “igualdad social”, según el presidente. Pero yo pienso que al dar beneficios especiales a ciertos “tipos de personas” para buscar la igualdad, sólo logrará lo contrario. Habrá mayor división y la brecha de desigualdad se hará más grande. Si lo que se busca es igualdad ¿Por qué hacer un trato diferenciado entre grupos poblacionales de un mismo país?
El proyecto de ley que se aprobó para crear el nuevo ministerio, fue sancionado por el presidente Gustavo Petro el 4 de enero del 2023. Y en su discurso el presidente habló de crear la mencionada igualdad social. Creo que lo que necesitamos no es “igualdad social”, sino una difusión imparcial de justicia, una que no discrimine más allá del simple hecho de ser humano.
El gobierno colombiano está dividido en diferentes bloques y ramas de poder, cada parte con sus funciones designadas, y todas ellas con el deber de ser aplicadas a todos los ciudadanos colombianos sin excepción. Y el presidente de la república, en vez de crear más entidades con fines dudosos, debería velar por que se cumpla lo pactado en la Constitución, como lo dice el Artículo 192 de la misma, comprometiéndose a “cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.
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