En un escrito anterior ya he abordado la responsabilidad inalienable del Estado de asegurar el cumplimiento de la ley en su territorio. Ahora abro otro cuestionamiento crucial en la vida de las sociedades actuales: ¿qué pasa cuando el gobierno no cumple con sus obligaciones?

“Atención ratero: si te sorprendemos robando, los vecinos te vamos a linchar”: el grito populista que se esgrime en respuesta a situaciones concretas de inseguridad que “orillan” a los individuos a buscar justicia por sus propios medios. ¿Es esta la respuesta que la sociedad en el siglo XXI debe dar a sus problemas?

Soy un firme creyente de que las sociedades tienen necesidad de un sistema racional de normas para regular las relaciones entre las personas. Este ordenamiento jurídico no solamente impide que los ciudadanos nos matemos los unos a los otros, sino que permite la solución ordenada y razonable de los conflictos que surgen naturalmente en la convivencia social diaria. En este sentido, la violación de la ley (por cualquiera) no debe ser tomada a la ligera.

En esta idea no ignoro a todas aquellas personas que hemos sufrido la delincuencia. Perder nuestro patrimonio, nuestra salud, la vida de nuestros seres queridos, o incluso la propia, son situaciones que la ley debe abordar de manera seria y eficaz. Y esto es aún más importante cuando estos lamentables hechos son causados voluntariamente por otra persona.

Por lo mismo, el sufrimiento que provoca la delincuencia puede hacer que parezca razonable tomar la solución “en nuestras manos”. Frente a un sistema torpe y lento, o inclusive corrupto, todos queremos volvernos justicieros cuando afrontamos el dolor de las pérdidas causadas intencionalmente por un conciudadano.

Sin embargo, esta burda idea de “justicia popular” termina por dañar, poco a poco, los fundamentos mismos de los acuerdos de nuestra sociedad. Si la ley se ignora de manera cotidiana porque cada quien considera tener una percepción más acertada de cómo solucionar los problemas, no falta mucho para que terminemos bajo la ley de la selva, del más fuerte, del “ojo por ojo”.

Así, resulta importantísimo que todos participemos en nuestros campos de acción para fortalecer el sistema de justicia. No se trata de imponer la pena de muerte a todos los delincuentes o de dejarlos a todos libres —ambas “soluciones” completamente inútiles y populistas—, sino de establecer un sistema que permita sancionar, después de un proceso justo y eficiente, a los que violen la ley.

¿La solución a esto vendrá fácilmente? Por supuesto que no. Existen muchos enfoques por los cuales debe abordarse antes de poder conseguir una solución definitiva: la educación familiar, la formación de los jueces, la eficiencia técnica de los sistemas de investigación e inteligencia, o el diseño de sistemas de sanciones que aseguren la reparación del daño y la reintegración de los delincuentes.

No, la solución no será sencilla ni vendrá rápidamente; pero por lo mismo necesitamos ciudadanos que vean más allá de los delitos que sufrimos hoy. Es fundamental que tomemos medidas para sentar las bases de una nueva forma de justicia más perfecta, y que probablemente se complete en varias generaciones.

Latinoamérica y el mundo necesitan personas que estén dispuestas a construir un mundo más justo hoy y mañana a través de las normas, en lugar de justicieros de barrio que golpeen a un delincuente hasta la muerte.