BY: Candela D’Angelo

Desde finales del año pasado, el kirchnerismo se empeña en atacar de manera directa al poder judicial en la Argentina, poniendo en jaque la Justicia, un elemento fundamental para el desarrollo de las naciones.  

En primer lugar, la legisladora Anabel Fernández Sagasti propuso en la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley que busca destituir a aquellos jueces que se opongan a la “perspectiva de género” o que mantengan supuestos “discursos de odio”, como si de un argumento válido u objetivo se tratara. Con el apoyo de esta ley que se busca aprobar, cualquier magistrado provida, Profamilia o que simplemente tenga un poco de sentido común podría ser removido de su trabajo por tener una opinión contraria a la agenda progresista. Como si fuera poco, cualquier posición manifestada “extrajudicialmente” también podría ser considerada como razón suficiente. 

A inicios del presente año, luego de numerosas amenazas realizadas en los medios de comunicación, el Presidente de la Nación impulsó un juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, acusándolos de “mal desempeño de sus funciones” o “parcialidad” a la hora de dictar fallos. Para tal acción, el presidente Alberto contó con el apoyo de 11 gobernadores kirchneristas de todo el país. El hecho no solo constituye un atropello contra la división de poderes y el estado de derecho que debería primar en un país, sino que también impulsa la división social al incitar a los distintos gobernadores a tomar posiciones parcialistas, que no responden a la búsqueda del Bien Común a la que deberían aspirar. 

En este último tiempo, tal ha sido el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial que, ante la posibilidad de que el proyecto de ley que impulsa este juicio político sea bloqueado en el Congreso (donde el oficialismo no cuenta con la mayoría), uno de los 11 gobernadores que brindó su apoyo al proyecto planteó la posibilidad de aprobarlo por medio de un DNU (“Decreto de Necesidad y Urgencia”). La aplicación de este instrumento está reservada únicamente para casos excepcionales, tratándose de una herramienta que en última instancia, permite al ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo sin la necesidad de pasar por el Congreso. En pocas palabras, el gobierno de la nación, busca dictar leyes que responden únicamente a sus intereses y que ponen en jaque el sistema democrático y con ello el orden social. 

En un contexto donde el país es azotado por elevados niveles de desempleo, una crisis económica y política sin precedentes y un nivel de indigencia y pobreza altísimo, no cabe duda de que estas y otras medidas de carácter autoritario no hacen más que empeorar la situación y dar lugar a nuevas amenazas. Ahora bien, sin dudas, el mayor peligro lo constituye la inacción del pueblo argentino. No podemos ser ajenos a la situación política. 

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