Líderes sociales asesinados.
Desde el 2016 con el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y el Grupo Armado de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha presentado una problemática que afecta directamente a las poblaciones rurales; el asesinato de lideres sociales, personas que voluntariamente han buscado ser un puente entre las problemáticas comunitarias y las posibles soluciones grupales y que tenían el ideal de buscar generar mejores condiciones de vida para los territorios, entre ellos: presidentes o miembros de juntas de acción comunal (JAC) lideres indígenas etc. Sin embargo, a la fecha de hoy en el 2023 han asesinado 35 líderes de zonas periféricas como Cauca o Nariño y más.
La causa principal de esta violencia ha sido la búsqueda de controlar los territorios, y los actores armados no vinculados a procesos de paz que continúan ejerciendo el poder con armas sobre las tierras. Para un país es indignante que los ciudadanos en búsqueda de un bien común y organización comunitaria terminen amenazados y muertos por no ceder ante las presiones violentas.
El gobierno actual liderado por Gustavo Petro, en su campaña política y su carrera, criticaba constantemente los asesinatos de estos líderes y el poco accionar del Estado contra eso, no obstante, en su tiempo de gobierno, el discurso se ha centrado en una paz total, negociación sin parámetros de cesar el fuego contra las comunidades. “Para frenar la matazón de líderes sociales en Colombia no basta con iniciar negociaciones de paz y de sometimiento con grupos armados. Es urgente establecer una política de seguridad que proteja a la población civil, ampliar la presencia estatal e implementar los mecanismos del acuerdo de paz con las FARC para proteger a líderes sociales y avanzar en estrategias de desmantelamiento integral de organizaciones delictivas” Investigador de Human Rights Watch en entrevista con El País.
Es necesario que cambien este tipo de noticias, no es posible que se vuelva una normalidad que por semana se estén asesinado una o dos personas que buscan el bienestar colectivo en el país, el Estado sí debe entre sus funciones garantizar la seguridad de los ciudadanos, el derecho a la libre expresión y ejercer su ciudadanía con plena garantía de protección. Por parte de nosotros los ciudadanos está el deber de levantar la voz ante estas injusticias, ser empáticos con las comunidades afectadas y ser sabios en las elecciones.
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