A pesar de que el concepto de dictadura parece pertenecer a una época pasada, el caso de Nicaragua nos demuestra que aún en el siglo XXI existen gobiernos que coaccionan la libertad de sus ciudadanos donde los líderes partidarios hacen uso de los medios con los que cuentan para acrecentar su poder político.
Electo en el año 2007, el gobierno del aún actual presidente Daniel Ortega ha tomado medidas que tendieron en todo momento a confirmar la lógica dictatorial de su gobierno. Dentro de las medidas tomadas, podemos nombrar en primer lugar el desmantelamiento de todos los controles institucionales al poder presidencial: el Consejo Supremo Electoral hoy está compuesto por miembros leales a Ortega, mientras los legisladores de la oposición fueron destituidos de sus puestos en el año 2016. Como si esto fuera poco, para el año 2021 los partidos políticos opositores fueron excluidos de las elecciones presidenciales.
En dichas elecciones, el gobierno de Ortega se vio amparado por una Reforma Constitucional aprobada previamente en el año 2014 (reforma posible gracias al control ejercido en la Asamblea Nacional), que derogó los límites al período presidencial. Así es como el presidente Ortega logra ser “electo” un cuarto mandato consecutivo, en medio de una escalada represiva hacia aquellos disidentes que presentaban una crítica a su accionar político.
Las represiones hacia miembros de la oposición política poco a poco dió lugar a la represión de periodistas y la censura de medios de comunicación, coaccionando de esta forma no solo la libertad política de los ciudadanos a elegir a sus representantes, sino también la tan valiosa libertad de expresión, pilar de los valores occidentales.
Lo que caracteriza estos abusos no solo es la violencia con la que se realizan sino también la impunidad de quienes la ejecutan, encontrándose involucrados en este accionar tanto la Policía Nacional como los grupos armados partidarios del gobierno. Como si esto no fuera poco, en mayo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó una reforma electoral que consolidó el control gubernamental sobre el proceso electoral. Dentro de los principales cambios, la reforma permite la exclusión de ciertos candidatos presidenciales y no exige que haya observadores electorales nacionales o internacionales independientes.
En la actualidad, la represión y censura llegó incluso al ámbito religioso. La madrugada del pasado 19 de agosto el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, fue arrestado en su casa en Managua, capital del país. Este accionar demuestra que no solo las libertades civiles están en juego, sino que ahora se trata de una amenaza a la integridad física de ciudadanos de a pie.
Ahora bien, lo que llama la atención es la falta de estrategias y medidas concretas para poner fin a este proceso que no es más que una dictadura anunciada. Desde su primer mandato presidencia Ortega ha estado dando señales acerca del rumbo que iba a tomar su gobierno, ¿qué han estado haciendo los organismos internacionales para frenar su accionar?
Bibliografía utilizada:
- https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-sacerdotes-secuestrados-por-la-dictadura-de-daniel-ortega-en-nicaragua-23313
- https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380705
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