Cuando se habla de los derechos humanos, existen categorías que surgen casi automáticamente, como la no discriminación, el derecho a la vida, o los concernientes a la familia. Y si bien es correcto hablar de ellos, muchas veces monopolizan los debates y reducen la apreciación de la realidad y la riqueza de las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de la persona humana.
Un rubro importantísimo en este sentido es la cuestión del trabajo, que tiene implicaciones económicas y una relación directa con la finalidad última del Estado y la política: el bien común. Claramente, el establecimiento de condiciones que permitan el correcto ejercicio de la libertad humana requiere de los insumos materiales necesarios para infraestructura material (como fábricas o tierras cultivables) e inmaterial (como las regulaciones del intercambio económico).
Resulta fundamental recordar que el trabajo tiene una relación indisoluble con los demás derechos humanos y, por tanto, ignorarlo es un grave error. Por ejemplo, si una persona no tiene trabajo, es más probable que considere el aborto como una opción para evitar dificultades financieras, o que simplemente no tenga los medios económicos para proveer educación y salud a sus hijos.
¿Puede decirse que es necesario que todos deben preocuparse primero por la economía antes que la vida o la familia? Evidentemente no, sino que es necesario hacer un abordaje más amplio de la realidad para solucionar de fondo los problemas. Acabar con el aborto significa eliminar las regulaciones que lo aprueban, pero también instaurar las circunstancias para que no sea considerado como una opción por nadie.
¿Resulta entonces que, además de la lucha pro-vida y pro-familia deben crearse negocios o dar caridad para solucionar los problemas económicos de toda la población? No necesariamente. El campo de la solución es mucho más amplio que lo empresarial, abarcando también las leyes y la generalidad del sistema económico.
En línea con lo señalado en el último punto, existe un ejemplo que ilustra claramente lo que se quiere decir: los taxis. La introducción de empresas como Uber, Cabify o CityDrive, ha resultado problemática para los sistemas legales y económicos. ¿Cómo se regula una relación jurídica y comercial entre particulares que se contactan a través de una aplicación para el celular? ¿Cómo conciliar esto con la existencia de un servicio preexistente regulado por el Estado?
En el caso mexicano (como casi en todo el mundo) el descontento de los taxistas ha sido generalizado, pues se encuentran en condiciones adversas y mucho más complicadas que quienes trabajan para estos gigantes transnacionales del transporte privado. La opinión pública ha expresado su inconformidad con la postura de los taxistas, que han recurrido a las manifestaciones y, en algunos casos, a la violencia para “defender” sus derechos.
Para los defensores de los derechos humanos este no puede ser un tema ajeno ni apreciarse desde una perspectiva reductiva. Debe considerarse que los taxistas también son personas con derechos, que sufren y luchan por salir adelante. Aunque sea totalmente inaceptable la violencia y el quebranto de la ley, es necesario considerar una reforma integral de aquellos sistemas económicos, políticos y sociales que orillan a los trabajadores de los taxis a la antesala de la miseria.
Considerar lo anteriormente señalado es responsabilidad moral de todas las personas, y una obligación de conciencia para quienes se interesan por los derechos humanos. Si existen sistemas perversos contrarios al desarrollo de las personas y al bien común, resulta ilógico que quienes defienden la vida y la familia los ignoren.
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