El Gobierno Nacional de Colombia desde 1975 lleva realizando intentos por realizar negociaciones y procesos de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional). El actual gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro, continúa intentando lograr un acuerdo de paz, incentivado también por su discurso de paz total.
Desde que se encontraba en campaña Gustavo Petro decía fielmente que el acabaría con las reprehensiones armadas de este grupo ilegal, inclusive el 1 de enero del presente año, anunció un supuesto cese bilateral del fuego, sin embargo, al poco tiempo el ELN respondió a su comunicado que ellos no aceptaban una decisión unilateral del gobierno. Pasados los meses, empezaron realmente los diálogos de paz, en los cuales se encuentra actualmente desarrollándose y entre esas discusiones y acuerdos, el pasado 10 de marzo se dio a conocer seis puntos de diálogo a tratar para llegar a un acuerdo real, no obstante, el Gobierno Nacional lo reconoció como un actor político, aceptó examinar el modelo político y económico de Colombia y aun así, no negociaron un cese de fuego, sino, el grupo armado ilegal continúa abusando de los derechos humanos de poblaciones rurales en el país, entre otras cosas.
Esto sin lugar a duda es increíble, teniendo en cuenta que si pensamos que el papel del Estado es de proteger el bienestar de los ciudadanos y velar por hacer justicia de los criminales, en este tipo de acontecimientos nacionales en Colombia es absurdo aceptar negociar con un grupo armado que actualmente sigue siendo motivo de angustia en algunas regiones del país, el Estado debería procurar la paz desde una lógica de hacer justicia y no mediar con personas que solo buscan la obtención del poder a toda costa; sí estoy de acuerdo con procurar una paz para el país pero con límites y exigencias hacia un grupo de personas que por tantos años han generado terror.
Es necesario no revictimizar a las poblaciones que han sufrido violación de derechos en esta continua guerra al aceptar que todo lo que han hecho ha sido como “actores políticos”, al igual que informarse, analizar y proteger la familia, la iglesia y las personas creyentes de un modelo estatal bíblico.
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