Desde hace ya varios meses -desde mediados de Marzo para ser más precisos- la situación vivida en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino, es cuanto menos crítica: represiones a mansalva, violaciones a los Derechos Humanos y una cúpula política -provincial y nacional- que hace caso omiso a los reclamos del pueblo jujeño.
Todo comenzó en Marzo con protestas por parte del personal educativo -docentes, directivos, etc- por los bajos salarios que se les destinan mes a mes por su ardua labor; protestas a las cuales pronto se sumarían: personales bancarios, trabajadores de la salud, del transporte, empleados municipales jujeños y pronto el grueso de la población de dicha provincia.
Las huelgas y paros irían en aumento en forma constante, aunque controlada. Todo eso, no obstante, explotaría en este mes de junio cuando el gobernador provincial Gerardo Morales -presidente del partido de la “Unión Cívica Radical” y aliado estratégico del candidato a presidente por el PRO Horacio Rodríguez Larreta- impulsaría una fuerte reforma de la Constitución Provincial de Jujuy, a los fines de prohibir y penar duramente las protestas y huelgas docentes; con el agravante de que el proceso -que originalmente se daría al cabo de tres meses- se redujo por decreto a tan solo tres semanas, invisivilizando a los sectores populares y dejando servida en bandeja la reforma al sector aliado al gobernador Morales.
Esto genero que gran cantidad de gente se manifieste en las afueras del Concejo de Jujuy entre el 17 y el 20 de junio; llevando a una cruda y violenta represión parapolicial ordenada por el gobernador Morales que, hasta día de hoy, continua en aumento.
Ahora bien, esto no es un asunto aislado de Jujuy ni mucho menos, sino que es un peligro acechante que, de cara a los comicios nacionales a fines de octubre, podría generar un gran mal en la Argentina.
Sucede que el propio Gerardo Morales es candidato a vicepresidente, con Rodriguez Larreta como presidente, quien ya ha tenido antecedentes oscuros como su accionar en las represiones que derivaron en la Masacre de Plaza de Mayo en 2001, con un saldo de al menos 20 muertos y más de 50 heridos.
Por lo tanto, a raíz de estos trágicos sucesos, el panorama que se asoma a la Argentina de cara a los comicios electorales nacionales de este año es crucial. De no tomarse una buena decisión por parte de la ciudadanía, no solo podría acrecentarse el marcado deterioro macroeconómico nacional sino que, además, se corre un riesgo grave de la escalada en la violencia y los delitos de lesa humanidad por parte del Estado Nacional, comandado por la cúpula política que hoy tiene al país a mal traer.
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